El País.- El documento, del que un borrador fue aprobado en la Comisión Permanente de este órgano, ha suscitado una queja formal de los representantes sindicales del CES, que enviaron el pasado martes una carta a su presidente, Francisco Cabrillo, en la que exigen su retirada y una explicación pública. Hasta la fecha no han recibido contestación de Cabrillo. Este periódico trató ayer sin éxito de conocer la versión oficial del CES.

Pese a que el CES asegura en una pequeña nota al margen que no se hace responsable de las opiniones en la publicación, la autora agradece a Cabrillo "los comentarios y la revisión de este documento"."Este documento es indignante para las víctimas de violencia", afirmó ayer Elvira Llopis, una de las representantes de CC OO en el CES, que recuerda que el grupo sindical se opuso a que este texto estuviera considerado "documento de trabajo". Explica que normalmente se califica así en el seno del órgano consultivo a informes "que emanan de un grupo o que suponen la base de un trabajo". Pero, en este caso, se trata de un documento firmado por una única persona, Virginia Torrejón, cuya experiencia e idoneidad cuestiona Llopis.

"Ni es experta, ni tiene obra publicada, aunque no nos consta que la hayan pagado. Pero cualquier recién licenciado querría publicar en el CES", agrega. Al teclear el nombre de la autora en el buscador Google de Internet no aparecen enlaces.

En las conclusiones del informe figuran estas afirmaciones:

- "Privilegios de víctimas de la violencia doméstica". La autora del texto denomina "privilegios" a las ayudas públicas. "En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se perciben son 300 euros en un único pago para las situaciones de emergencia", explica Llopis, que aclara que se considera como tal el caso en el que el riesgo de muerte haga salir casi de estampida de su domicilio a la mujer. Por tanto, rebate que haya que esperar hasta que se produce una sentencia, que sólo llega en algunos casos y tras un largo proceso.

- "Las víctimas fingen para beneficiarse de una ayuda". Torrejón sugiere que con las ayudas públicas se motiva a las maltratadas para que "prefieran ser víctimas" en lugar de esforzarse por conseguir un mejor empleo, salario o condiciones laborales. Llega a decir que se generan "incentivos perversos: que las víctimas finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica, por ejemplo". Las ayudas a las maltratadas son escasas: 2.465 mujeres han recibido ayudas para cambiar de domicilio y 167 se beneficiaron de ellas por riesgo de exclusión social desde que está en vigor la ley. La renta activa de inserción la percibieron 10.657 mujeres en 2006.

- "Consideración subjetiva". En el documento se plantea que la amenaza es una "consideración subjetiva". Llopis pregunta: "¿Se atrevería a decir eso de las víctimas del terrorismo de ETA?". El informe también plantea que dictar órdenes de alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control" y alerta del "coste social" que implica poner en marcha la "burocracia judicial y a la policía". En enero, estaban en vigor en toda España 78.550 órdenes de protección, según el Ministerio de Trabajo. En la región, el año pasado se duplicaron las muertes por violencia machista.

"Derecha radical"

El Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid es un órgano consultivo, no vincultante, que analiza proyectos de ley y planes del Ejecutivo autonómico. Lo integran 27 miembros, divididos en tres grupos, en los que están representados los sindicatos UGT y CC OO, la patronal y un grupo de expertos elegidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP).

Entre los últimos se encuentra el catedrático Amando de Miguel, que en enero de 2006 afirmó, en un artículo de Cuadernos de Pensamiento Político, editado por la FAES, fundación que preside el ex presidente del Gobierno central José María Aznar, que "se puede sospechar el aumento de los casos de violencia doméstica contra las mujeres" en los próximos años debido a "la población foránea" y "las parejas de hecho". Tiempo atrás había protagonizado otro incidente, al dirigirse en tono despectivo a la directora general de la Mujer, Patricia Flores, para preguntarle si tenía clítoris. Los sindicatos y la oposición (PSOE e IU) han pedido reiteradamente su destitución.

Pero la queja habitual de los sindicatos es que no están en un plano de igualdad en el seno del CES, ya que las decisiones se toman por "mayoría aplastante" del grupo de expertos y de los empresarios, que representan al "sector más radical de la derecha".